El artículo 47 de la Constitución Española de 1978 establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Esa es la teoría que se desprende de la Carta Magna, cuyo articulado suele observarse con lupa para tildar de anticonstitucional lo que atenta contra ella según el interés partidista del momento, pero que para la vivienda se mira de soslayo y se deja que la especulación campe por sus anchas. La teoría es sencilla de comprender, la práctica es otra cosa… Se vulnera el derecho a una vivienda digna de manera flagrante y los desahucios y los fondos buitre se dan la mano en una macabra danza que conduce a la ansiedad y la desesperación a miles de familias españolas cada año. El desahucio de Maricarmen se ha convertido en la punta del iceberg, en el epítome que ha asestado una bofetada a una sociedad que renquea en un estado del bienestar cada vez más abotargado. Cada cierto tiempo, y la Historia así lo atestigua, surgen movimientos sociales que convulsionan la vida pública, cuyo lema principal se resume en dos palabras: “Basta ya”. Así pues, pese a los innumerables casos donde los fondos buitre diezman las esperanzas de familias completas, y de la noche a la mañana se ven en la calle con lo puesto, el caso de Maricarmen ha sido el punto de inflexión para desperezarse de la modorra. Pienso que ha de tenerse un corazón de hielo para no empatizar con ella: una mujer casi nonagenaria, que a sus ochenta y siete años es echada a la fuerza de la vivienda donde vivió como arrendataria la friolera de setenta años de su dilatada vida, pagando cada mensualidad religiosamente. Maricarmen residía, y volverá a residir (dado lo mediático de su caso), en un piso situado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro de Madrid. Su desahucio tuvo lugar el 23 de septiembre de 2026. En 2007, según atestigua la Audiencia Provincial de Madrid, el contrato de arrendamiento lo había firmado el padre de Maricarmen en 1956, durante el franquismo, bajo el auspicio de la legislación de arrendamientos urbanos vigente. Tras la pérdida del padre en 1960, la madre de Maricarmen se subrogó en él. Cuando ella falleció en 2005, Maricarmen se subrogó en el contrato, pero la Ley de Arrendamientos Urbanos, que fue aprobada en 1994, recoge que esta segunda subrogación en un vástago tiene una duración máxima de dos años, por lo que finalizaría en 2007. Así pues, Maricarmen continuó viviendo en la casa pagando la renta mensual que había estado abonando anteriormente, por lo que el tribunal entendió, dado que no hubo ningún tipo de queja o reclamación, que el alquiler se fue renovando de mutuo acuerdo por las partes año tras año. La pesadilla dio comienzo el 27 de marzo de 2018: Renta Corporación, entonces propietaria del piso donde residía Maricarmen, le refirió su intención de venderlo a Urbagestión por 247.000 €, según refleja la sentencia de la Audiencia Provincial. Antes de formalizar la venta, se le notificó a Maricarmen, con la intención de que ésta pudiera tener la posibilidad de comprar la vivienda con preferencia sobre Urbagestión por el precio y en las condiciones que le habían sido comunicadas. Para ganar tiempo ante lo que se avecinaba, la propia Maricarmen respondió que estudiaría la propuesta. El 28 de junio la compró Urbagestión, que es la actual propietaria. Obviamente, Maricarmen no tenía en sus bolsillos los 250.000 € que pedían por el piso. Tanto en los años 2024, como en 2025 y en junio de 2026, la mujer repitió una y otra vez que no disponía de los 250.000 € susodichos. Urbagestión ofreció rebajarle el alquiler sobre el precio del mercado antes del desahucio, y que la “primera petición” que le hicieron fue de 2.500 €, pero que haciéndole un favor, podrían rebajarlo a 1.650 €. El sindicato de Inquilinas se encargó de hacer una mediación para tratar de llegar a un acuerdo que fuera beneficioso para ambas partes, pero todo fue en vano. Antes del desahucio, en 2025, Maricarmen dijo: “He ido dos veces a los servicios sociales y tengo otra cita para finales de noviembre. Ellos me ofrecen, si me tengo que ir a la calle, una residencia pública o un piso tutelado. Por el momento, estoy en las listas. Es una solución que no me parece bien, porque insisto, yo tengo vitalidad para vivir sola”. Podría proseguir efectuando un análisis exhaustivo de la vida de esta mujer, pero pienso que es más que suficiente para comprender lo que ha sucedido. Hay quien se erige juez sin toga y prejuzga: que si tuvo tiempo para adquirir una vivienda en propiedad, que si la señora prefirió verlas venir, y un largo etcétera donde se opina sin saber, sin empatizar, sin ser conscientes de que la realidad es otra, y que hoy estás tan cómodo en tu casa, y en un mañana no sabes si te sucederá algo similar a Maricarmen, a quien se le critica sin conocimiento de causa, solo por el mero hecho de sentar cátedra. Podría proseguir analizando otros desahucios de fondos buitre, pero no lo voy a hacer, porque detrás de todo este drama, se encuentra una palabra que actúa como negro envoltorio: especulación. Y ya que prejuzgamos, y juzgamos a la mínima de cambio, y damos el veredicto, ¿por qué no nos preocupamos de hacer que las leyes se cumplan? ¿Por qué se dice alegremente que durante los ocho años de Gobierno progresista no se ha hecho nada en materia de vivienda? Cuando a cada ley y decreto la oposición, de forma torticera dice NO, nos encontramos con una disyuntiva: la negación sistemática a todo avance social y al bienestar de la gente, o que tienen interiorizado el estribillo de la canción “Rehab” de Amy Winehouse: “They tried to make me go to rehab / But I said: No, no, no”. El “No, no, no” pegadizo de la canción es el mantra de los azules y los verdes, o los verdeazulados, porque la línea divisoria entre unos y otros es tan fina que, como expone el anuncio de los preservativos, ni se nota. Veamos a qué dijeron NO en el congreso, para rebatir el que no se hizo nada desde que Pedro Sánchez gobierna: Se reclama al Gobierno que intervenga en los alquileres, y cuando se generan mecanismos para efectuarlo, algunas administraciones competentes dicen: No, no, no. Se intenta aplicar la Ley de Vivienda, pero las comunidades autónomas gobernadas por la derecha recurren o se niegan a usar las herramientas que se les ofrece. En definitiva, vuelven a decir: NO, no, no. En 2023, el Gobierno dispone la cantidad de 2.500 millones de euros en avales ICO para facilitar la compra de primera vivienda a jóvenes y familias con menores, de modo que hasta un 20% podría estar cubierto por el aval. En 2024, pone en circulación 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven; hablando en plata: hasta 250 € al mes durante dos años para jóvenes que cumplan los requisitos. El objetivo de este tipo de medidas es sencillamente “conocer qué viviendas se destinan realmente a cada caso”. Creo que ya sabemos la respuesta de la oposición: No, no, no. Y los mismos que dictaron sentencia con Maricarmen argumentan que en materia de vivienda no se ha hecho nada. O sea, te lo juro, que No, no, no. Podría proseguir desgranando uno a uno los decretos en materia de vivienda llevados al Congreso de los diputados, y las negativas conseguidas. Pero no me apetece hacerlo, y en esta ocasión, como Amy Winehouse, que en paz descansa, digo: No, no, no. Quien quiera saber la verdad y alejarse del ruido de las cadenas comprados por los verdeazulados, tiene a su disposición una rica hemeroteca, que resolverá todas sus dudas. Lo más reciente, a raíz del desahucio de Maricarmen son los dos decretos de vivienda creados por el Gobierno progresista, uno de ellos auspiciado por el PSOE y otro por Sumar, porque si se fusionan en uno solo la negativa puede reverberar sin leer una sola de sus líneas, que han sido tumbados por los votos de PP, VOX y Junts, que al unísono vitorearon el manido mantra del NO, no, no. Desgranar su articulado, a lo que se han negado, al clamor de cientos de miles de familias que ven imposible acceder a la vivienda, me resultaría doloroso, así que una vez más, si mis palabras consiguen calar un ápice en las conciencias negacionistas de este país, les instaría a quienes deseen saber el porqué de tanta negativa, a que lean, se informen, contrasten información, y sean críticos por una vez en su vida de lo que puede gobernarnos a la vuelta de la esquina si llegan al poder quienes hacen negocio y sacan rédito de la nueva burbuja inmobiliaria que crece y crece, y que como buen globo, podrá estallar en cualquier momento. ¡Ay, querida Cecilia! Desapareciste veinticinco días antes de mi nacimiento, pero tus canciones las tengo muy presentes, sobre todo ahora, en estos tiempos tan convulsos que vivimos… “Mi querida España / Esta España mía / Esta España nuestra / De tu santa siesta, / Ahora te despiertan / Versos de poetas.” Tu España la están haciendo suya amantes celosos que la ningunean, y la hacen languidecer en una larga siesta de la que luego despierta amodorrada. Ellos, los de bandera en ristre y pulserita, que tanto y tanto alardean de quererla y dicen que los Maricármenes españoles no los representan, desprecian más de la mitad de su querida España, la que lucha por los servicios públicos y por el derecho a una vivienda digna, la que no se postra ante las élites y no usa el odio como moneda de cambio, o como se mastica el pan de cada día. Hay quienes han decidido no continuar echando la siesta, porque prefieren avanzar y no estancarse (que no se olviden luego de acudir a las urnas cuando se precise), y aseguran que nadie los va a callar, puesto que ya estuvieron silenciados durante muchísimo tiempo. Ellos, con sus energías renovadas, acaban de dejar abierta la espita del gas…
José Manuel Muñoz Serrano.
